La empleada judicial que está siendo investigada por su participación en el crimen de Érika Antonella Álvarez recibió dos malas noticias. Por un lado, una jueza de Impugnación resolvió confirmar la prisión preventiva que le había sido dictada la semana pasada. Por el otro, el fiscal Pedro Gallo informó la existencia de un nuevo indicio que podría complicar su situación procesal, aunque sus defensores desmintieron esa interpretación.
El martes 6 de enero, la víctima se dirigió a la casa de Felipe “El Militar” Sosa, ubicada en Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena, para, según la teoría del Ministerio Público, participar de un encuentro sexual grupal. A esa vivienda también asistieron Justina Gordillo y dos hombres que aún no fueron identificados. En la madrugada del miércoles 7, Álvarez fue asesinada a golpes y, durante la tarde de ese mismo día, su cuerpo fue arrojado en un descampado de Manantial Sur, donde fue hallado el jueves 8.
Una semana después, el principal sospechoso fue detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde se había mantenido oculto durante varios días. Al momento de su detención tenía el pasaporte en su poder y los investigadores creen que estaba a punto de abandonar el país. Tras ser trasladado a Tucumán, fue acusado de homicidio simple y se le dictó prisión preventiva por seis meses.
Personal de la División Homicidios, bajo la coordinación de los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, analizó imágenes captadas por cámaras de seguridad y reunió indicios que permitirían sostener que Gordillo no estuvo presente en el momento en que se cometió el crimen. Por pedido del fiscal Gallo, la mujer fue acusada de haber colaborado en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, en la eliminación de su teléfono celular y en la fuga de Sosa. El juez Bernardo L’Erario Babot le dictó prisión preventiva por el plazo de tres meses. En esa audiencia dijo que ya no era la pareja de Sosa.
Caso Érika Antonella Álvarez: “Aún queda mucho para investigar”María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Gordillo, impugnaron esa resolución. En una audiencia de alto contenido técnico, solicitaron que su asistida fuera dejada en libertad o, de manera subsidiaria, que se le concediera el arresto domiciliario. Los abogados cuestionaron el dictado de la prisión preventiva al considerar que no se habían fundamentado adecuadamente los riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación o de posible acuerdo con otros sospechosos que aún no fueron identificados.
Tanto el fiscal Gallo como Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, se opusieron a los planteos de la defensa. Finalmente, la jueza de Impugnación Jimena Suárez confirmó el fallo de L’Erario Babot al entender que los defensores no lograron aportar argumentos suficientes para modificar la medida cautelar.
Un dato clave
Durante la audiencia, y de manera sorpresiva, el representante del Ministerio Público introdujo un dato hasta entonces desconocido, en una estrategia orientada a reforzar la hipótesis de encubrimiento. Precisó que el 9 de enero, en una escribanía de Yerba Buena, Sosa firmó un poder a favor de Gordillo. Según explicó Gallo, mediante ese documento “El Militar” autorizó a la empleada judicial a administrar sus empresas -una dedicada a servicios de limpieza y dos al rubro de seguridad-, extraer dinero de sus cuentas bancarias y acceder a sus cajas de seguridad.
Yerba Buena dio de baja a la empresa de "El Militar" Sosa tras el crimen de Érika ÁlvarezSi bien el fiscal no brindó mayores precisiones, trascendió que ese trámite se realizó un día antes de que Sosa viajara a Buenos Aires. La cuestión no fue debatida en profundidad, ya que la jueza Suárez advirtió que esa información no correspondía ser tratada en esa instancia. No obstante, allegados a la imputada señalaron que el poder habría sido otorgado antes de que se produjera el homicidio.
A Delfín Gallo
Horas después de que se confirmara la prisión preventiva de Gordillo, y tal como quedó establecido en la resolución judicial, la empleada fue trasladada desde la base de Homicidios al penal de Delfín Gallo.